Seguridad hospitalaria y paro médico

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aleguerrero1952@gmail.com

El paro de 24 horas de los 16 mil médicos de la Ciudad el 1° de marzo debió ser acompañado por todo el resto de los trabajadores de la Salud, y sólo la acción en contrario de las dirigencias sindicales pudo impedirlo. Esto es así porque la razón de la huelga era más que elemental: la defensa de la vida, de la mínima seguridad en el trabajo.

La gota que rebalsó el vaso no fue una simple gota: el sábado 25 de febrero una médica de la unidad de terapia intensiva (UTI) del hospital Fernández fue agredida y herida por familiares de una paciente que había fallecido.

Los casos son múltiples, e incluyen pedidos falsos de auxilio al SAME. Cuando la ambulancia llega al lugar, se encuentra con unos pistoleros que agreden al personal a culatazos y les roban lo que pueden. En uno de esos casos, un tipo que había pedido asistencia intentó agredir sexualmente a la médica que fue a atenderlo. El compañero de la trabajadora, el ambulanciero, defendió a la médica, la apartó y debió golpear al agresor que se había puesto agresivo. Resultado: terminaron detenidos la médica y el ambulanciero.

Peor son las cosas en los centros de salud que atienden barrios críticos. En el Mugica y en Soldati el personal de salud ya no puede ir a domicilios porque se han retirado las garitas, las cámaras y el corredor policial de protección.

El personal de seguridad privada no da abasto y no puede atender las emergencias que se suceden a cada momento. Además, este personal trabaja para empresas que en general están vinculadas con la policía y tienen contratos importantes con el Gobierno de la Ciudad.

El titular de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), Carlos Rojo, pide lo obvio y más fácil: que se aumente la cantidad de policías en los hospitales.

En verdad, la salvaguarda de la seguridad hospitalaria debería ser una de las funciones de un cuerpo policial. Sin embargo, estas cosas ya sucedían cuando la policía estaba a cargo de la seguridad en hospitales y centros de salud. El aumento insostenible de la marginalidad, de la miseria material y moral en los barrios empobrecidos (que ya no tienen ni la esperanza de dejar de serlo) tiene necesariamente que generar un grado de violencia sin límites hacia el sistema que los expulsa. Eso no lo podría solucionar la policía ni aunque quisiera, y es dudoso que quiera.

Se debe exigir al Gobierno de la Ciudad que cumpla su obligación de proteger la tarea de los trabajadores de la salud, y si es necesario -todo indica que sí- la restauración de los servicios policiales en hospitales y centros de salud, esto debe estar bajo control estricto de los trabajadores. No olvidemos que, según la Correpi, la Policía de la Ciudad es responsable del 36,7 por ciento de los fusilamientos en la CABA respecto de la provincia de Buenos Aires, y es responsable en los últimos dos años de 63 casos de gatillo fácil contra 109 de la Bonaerense, a pesar de que tiene la tercera parte del personal.

No sea cosa que esa maldita policía de la Ciudad se dedique más a perseguir trabajadores levantiscos que a quienes agreden al personal de salud.

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